Otro paso más en contra de la libertad. La ley se impone en Cataluña.

Se acabo el Derecho a la Propiedad. Si ya el Gobierno socialista nos había declarado a todos presuntos culpables de piratear, ahora en Cataluña van un paso más y el Presidente de Cataluña más intelectual de la democracia ha sacado adelante la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña, que ha contado con los votos a favor de los grupos del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) y que contiene una medida concreta que es el alquiler forzoso, que se producirá en los casos en los que las viviendas se encuentren desocupadas en un plazo superior a dos años. El “alquiler social forzoso” aplicará por un periodo de hasta seis años y consistirá en la expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarla a terceros.
Está claro que se ha intentado atacar la Constitución Española, intentando cambiarla, modificar algunos artículos pero como no se ha podido pues se intenta atacar desde otro frente.
Como vemos, ahora toca el Derecho a la Propiedad, otro de los derechos fundamentales que recoge la Constitución Española en su artículo 33.1 pero, ¿qué será lo siguiente?
Creo que los distintos gobiernos socialistas, ya sea el nacional o el de la comunidad autónoma catalana, son claramente intervencionistas y atacan a la libertad del individuo, vulnerando derechos fundamentales que la Constitución nos otorga.
Entiendo que esta ley es inconstitucional en ese punto del alquiler forzoso pero esto nos debe hacer reflexionar a todos sobre el papel que están jugando los partidos minoritarios en los gobiernos de coalición. Está claro que unos pocos votantes representados por un partido de corte nacionalista tienen más poder de influencia que los nueve millones de votantes del PP que no tienen ninguna influencia. Deberíamos de reflexionar acerca de un profundo cambio en la legislación que permite que tengan tanto poder esos partidos minoritarios y en la siguiente legislatura hacer una seria reflexión sobre la conveniencia de cambiarla por el bien de todos los ciudadanos. Es una cuestión de Estado.